Miguel Toscano con la colaboración de Carolina Sanchez[1]Mesa 3
Resumen ejecutivo
La corrupción no es solo un acto individual, es una afectación colectiva que erosiona la confianza pública y perpetúa la pobreza. El documento sostiene que, desde los valores del Reino de Dios, la respuesta no puede limitarse a identificar culpables y castigar, sino que debe orientarse a la restauración es decir reparar el daño, restituir lo apropiado indebidamente y transformar las relaciones fracturadas, sin renunciar a la responsabilidad ni a las sanciones.
Para ello se propone al menos seis ejes escuchar la voz de las víctimas, ejercer una ciudadanía militante inspirada en el Reino, analizar las causas estructurales que vinculan corrupción y pobreza, articular la fe con los derechos humanos y el cuidado de la naturaleza, ampliar la comprensión de la justicia a partir de la tradición bíblica y, acompañar casos emblemáticos hasta lograr obras terminadas, servicios garantizados e indemnizaciones justas.
Palabras clave: justicia restaurativa; corrupción; Reino de Dios; reparación del daño; restitución; víctimas; ciudadanía militante; derechos humanos; cuidado de la naturaleza.
Introducción
La corrupción no se reduce a un acto individual ni a un fallo administrativo: constituye una afectación colectiva que erosiona la confianza pública, perpetúa la pobreza y despoja a las comunidades de sus derechos fundamentales. Frente a ella, la respuesta dominante suele privilegiar la identificación de culpables y la aplicación de castigos ejemplares. Sin embargo, desde una comprensión anclada en los valores del Reino de Dios, esa lógica resulta incompleta. El Reino anuncia una justicia que no se agota en la retribución, sino que busca la restauración, la reparación del daño causado, la restitución de lo apropiado indebidamente, la transformación de las relaciones fracturadas y la reconstrucción de la vida en común.
Pasar de la culpa a la restauración implica adoptar procesos de justicia restaurativa capaces de enfrentar la corrupción sin renunciar a la asunción de responsabilidades, y ampliar así el horizonte hacia la restauración de lo quebrantado. Como señala Howard Zehr, la justicia restaurativa es “un proceso para involucrar, en la medida de lo posible, a quienes tienen un interés en una ofensa específica y para identificar y abordar colectivamente los daños, las necesidades y las obligaciones, a fin de sanar y poner las cosas lo más en orden posible”[2] (Zehr, 2002).
1. La voz de las víctimas
Quienes padecen los efectos de la corrupción son personas y comunidades que aguardan en una escuela deteriorada o abandonada, un sistema de agua potable o alcantarillado que nunca llegó, un centro de salud sin presupuso, insumos o medicamentos o un territorio contaminado por la minería ilegal que opera con decisiones opacas. A ello se suman los agricultores que pierden su producción por caminos en malas condiciones o inexistentes, y las comunidades campesinas e indígenas cuyas fuentes de agua son desviadas por contratos que nunca fueron consultados o la minería ilegal entonces es necesario la escucha atenta de las víctimas por cuanto, escuchar es reconocer que el daño tiene rostros, nombres y consecuencias concretas en la vida cotidiana.
En la tradición bíblica, el clamor de los oprimidos mueve el corazón de Dios[3] (Éxodo 3:7). Por ello, una ciudadanía que se asume responsable y como militante de los valores del Reino no puede hablar de justicia sin dar prioridad a esa voz así se evita que la conversación y las actuaciones sobre la corrupción queden reducidas a procesos judiciales o disputas políticas y, también se impide que se ignore a quienes más sufren sus efectos.
2. Ciudadanía militante
Una ciudadanía militante implica asumir el Reino de Dios como horizonte ético que orienta la acción pública para la defensa de la dignidad humana, la preferencia por los más pobres, el cuidado de la creación y la búsqueda de relaciones justas por lo que. levantar la voz desde esta ciudadanía militante no se limita a la denuncia ni a la espera pasiva de soluciones institucionales. Jesús vincula el Reino con su justicia: “Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia” (Mateo 6:33).
Una ciudadanía militante debería exigir el cumplimiento de la ley a través del debido proceso y presunción de inocencia mientras no se emita sentencia en firme, demanda también que los procesos de rendición de cuentas[4] incorporen mecanismos reales de reparación y que las comunidades afectadas participen de manera efectiva en la definición de lo que significa restituir. Ser militante de estos valores supone articular la fe con y desde la vigilancia ciudadana, el acompañamiento y, cuando es necesario, la confrontación ética de las instituciones, sin pretender sustituirlas sino contribuyendo a que privilegien la vida por encima de los intereses particulares. La corrupción prospera o se normaliza donde la ciudadanía se retira y su debilitamiento está donde existen comunidades organizadas, pero quedan solo en la denuncia, en lugar de hacer propuesta para prevenir y eliminar con la participación colectiva.
3. Causas estructurales de la corrupción.
Las desigualdades históricas, la captura del Estado por intereses privados, la fragilidad institucional y la escasa participación ciudadana crean el terreno fértil para los contratos irregulares, el desvío de recursos y la violación sistemática de derechos. La corrupción estructural es un problema de dominación, impunidad y exclusión más que de “falta de ética” aislada. Por eso, las soluciones meramente punitivas o de “cambio cultural” suelen ser insuficientes si no se modifican las reglas de poder, los incentivos y los mecanismos de control. Patrones históricos de clientelismo, patrimonialismo o caudillismo generan normas donde lo público y lo privado se confunden estos legados se reproducen porque el sistema político premia la cooptación y un prebendalismo pernicioso.
Desde una perspectiva de fe, estas estructuras no son neutras constituyen formas de pecado social que distorsionan la vocación humana de vivir en fraternidad y cuidado mutuo es necesario superar una acción de culpa individual y preguntarse cómo se diseñan las políticas, quiénes participan en las decisiones y qué mecanismos garantizan que las comunidades más afectadas tengan voz e incidencia. Solo una mirada estructural evita que la justicia restaurativa se convierta en un remedio superficial y la transforma en un camino que interpela las raíces del problema. Transparency International ha subrayado reiteradamente la relación inversa entre corrupción y sistemas de justicia efectivos que protejan derechos y garanticen la rendición de cuentas (Transparency International, 2024). Si bien la puntuación de Ecuador mejoró entre 2017 a 2020, desde 2021 se observa la primera caída en el índice de corrupción. En 2023 y 2024 se presenta una caída de 4 puntos. Ecuador se ha visto afectado por constantes vulneraciones a la Constitución, incumplimiento a las leyes, abuso de poder, golpes a la democracia, cierre del espacio cívico e inestabilidad política que han afectado los indicadores de país en mediciones de Estado de Derecho, democracia y competitividad[5].
4. Fe, derechos humanos y cuidado de la naturaleza
La corrupción ambiental -minería irregular e ilegal, deforestación asociada a contratos fraudulentos, contaminación de fuentes de agua por obras públicas mal ejecutadas- afecta de manera directa a las comunidades y ecosistemas campesinas e indígenas. Restaurar en estos casos no se limita a sancionar o indemnizar implica garantizar la recuperación de los territorios, la reposición de los servicios y la participación de las comunidades en la vigilancia de los procesos de reparación, esta mirada se articula de con la defensa de los derechos humanos y el cuidado de la naturaleza. La fe cristiana no es ajena a ninguna de estas dimensiones ambas forman parte de la misma vocación de custodiar la vida.
Articular fe, derechos humanos y naturaleza significa reconocer que la dignidad de las personas y la integridad de la creación no son negociables. Los valores del Reino -justicia, misericordia, paz y cuidado de lo creado- ofrecen un marco ético que cuestiona cualquier forma de desarrollo construida sobre el despojo o la opacidad, y sitúan la lucha contra la corrupción como parte de una misión más amplia de reconciliación y restauración. Las diferentes iglesias sin lo vertiginoso de la demanda del tema van implementando acciones de pastorales para la justicia climática como para proteger a las víctimas de la depredación de la creación así que nos permita responsabilizar a los infractores y devolver la paz social, minimizando el uso exclusivo de medios coercitivos.
5. Ampliar la comprensión de la justicia
La justicia restaurativa resulta profundamente coherente con la visión bíblica. El Antiguo Testamento establece mecanismos de restitución (Éxodo 22; Levítico 6:1-7; Números 5) y el Jubileo (Levítico 25) como tiempo de liberación, cancelación de deudas y restauración de la tierra. En el Nuevo Testamento, el encuentro de Jesús con Zaqueo ilustra la restitución concreta como fruto del arrepentimiento (Lucas 19:8-10). El teólogo neozelandés Chris Marshall sostiene que la justicia divina es fundamentalmente relacional y restauradora, argumentando que su objetivo principal es sanar los vínculos rotos y restablecer la rectitud en las relaciones, en lugar de centrarse únicamente en el castigo punitivo o la retribución [Marshall, 2001, 2012]
La justicia restaurativa propone un cambio de enfoque del delito al daño, del castigo a la reparación, de la exclusión a la reintegración responsable. Aplicada a la corrupción, esta perspectiva no elimina la necesidad de sanciones ni de procesos penales, sino que los complementa reconoce que el daño causado es público y colectivo, y que su reparación exige medidas concretas como obras terminadas, servicios garantizados, indemnizaciones justas, transparencia en la ejecución y mecanismos de seguimiento comunitario. Ampliar la justicia implica también transformar relaciones entre el Estado y la ciudadanía, entre las instituciones y las comunidades y entre quienes ejercen el poder y quienes lo padecen. La restauración busca que el daño no se repita, que las víctimas recuperen su capacidad de acción y que la sociedad fortalezca su capacidad de prevenir nuevas vulneraciones.
6. El acompañamiento de casos emblemáticos
Las experiencias en América Latina, como la Ley 1390 de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción en Bolivia (2021)[6], Brasil la Ley Anticorrupción. Ley N° 12.846 de 2013. Colombia la Ley 1474 de 2011 y reformas posteriores como la Ley 2195 de 2022. Perú la Ley N° 30424 y sus modificatorias. Chile la Ley N°. 20.393 y la reciente Ley N° 21.595 sobre delitos económicos de 2023. México la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y Ley General de Responsabilidades Administrativas estos marcos legales refuerzan los mecanismos para recuperar el patrimonio afectado del Estado muestran tanto las posibilidades como las tensiones de aplicar la justicia restaurativa a delitos de corrupción, especialmente cuando se exige una reparación colectiva e integral (Francés Lecumberri, 2023).
En estos casos, la ciudadanía militante cumple una función de puente y de vigilancia ya que facilita que las voces de las víctimas sean escuchadas en los espacios de decisión, propone indicadores de restauración que vayan más allá de lo penal y sostiene la memoria del daño para que no se diluya en el tiempo. El acompañamiento no busca sustituir los procesos judiciales, sino complementarlos con una lógica que privilegie la vida concreta de las personas y los territorios.
El lugar donde esta comprensión se vuelve práctica es el acompañamiento de casos emblemáticos. Se trata de procesos en los que las comunidades no se conforman con que haya responsables procesados, sino que exigen que se terminen las obras prometidas, que se garanticen los servicios básicos y que se reparen los daños ambientales o económicos causados. Este acompañamiento requiere presencia sostenida, documentación rigurosa, articulación con organizaciones de derechos humanos y disposición para dialogar con las instituciones sin renunciar a la exigencia.
Conclusión
Pasar de la culpa a la restauración exige una ciudadanía responsable y militante que, desde los valores del Reino de Dios, escuche a las víctimas, enfrente las causas estructurales de la pobreza y la corrupción, articule la fe con la defensa de los derechos humanos y la naturaleza, y acompañe casos concretos hasta lograr obras terminadas, servicios garantizados e indemnizaciones justas. Solo así la justicia se convierte en reparación, restitución y transformación de relaciones, y ofrece un camino de esperanza para reconstruir lo quebrantado.
Estado Plurinacional de Bolivia. (2021). Ley N.º 1390, de 27 de agosto de 2021, de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción. Texto de la Ley 1390
Francés Lecumberri, P. (2023). Justicia restaurativa y corrupción pública. Revista Penal, 52, 81-108. Revista Penal, n.º 52
Marshall, C. D. (2001). Beyond Retribution: A New Testament Vision for Justice, Crime, and Punishment. Eerdmans. Ficha del editor
Marshall, C. D. (2012). Divine Justice as Restorative Justice. Christian Reflection: Prison, 11-19. Center for Christian Ethics, Baylor University. Artículo en PDF
Sagrada Escritura: Éxodo 3,7; Éxodo 22; Levítico 6,1-7 y 25 (Jubileo); Números 5; Mateo 6,33; Lucas 19,8-10.
Transparency International. (2025). Corruption Perceptions Index 2024. Índice de Percepción de la Corrupción 2024
[1] Economista invitada experta análisis econométricos, economía social y redistributiva.
[2] Payne, Yu. Justicia Restaurativa: Qué es y por qué está transformando el Sistema Penal. https://www.iienstitu.com/es/blog/justicia-restaurativa-que-es-transformando-sistema-penal
[3] Pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias.
[4] Art. 3.- Definición. – La rendición de cuentas es un proceso participativo, deliberado, transparente, oportuno, claro y veraz, con información precisa, suficiente y lenguaje sencillo. Permite someter a evaluación de la ciudadanía la gestión y administración de recursos públicos. La rendición de cuentas se realizará una vez al año ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y su convocatoria será amplia, debidamente publicitada a todos los sectores de la sociedad, para lo cual deberá publicarse y difundirse oportunamente. Art. 4.- De los sujetos obligados a rendir cuentas. Se encuentran obligados a rendir cuentas y entregar el informe al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (…) g) Las demás instituciones, entidades, o sistemas financiados o que manejan fondos públicos o desarrollen actividades de interés público. https://www.asambleanacional.gob.ec/es/rendicion-cuentas-2025 https://www.cpccs.gob.ec/wp-content/uploads/2026/01/resolucio%CC%81n_no_cpccs-ple-sg-004-o-2026-0030.pdf
[5] https://www.ciudadaniaydesarrollo.org/publicaciones/corrupcionecuador2024/
[6] http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/1390