El filósofo Jürgen Habermas afirma que “la redención discursiva de una pretensión de verdad lleva a la aceptabilidad racional, no a la verdad”[1]. A partir de esta sentencia surge una pregunta: ¿qué ocurre cuando el poder político no garantiza las condiciones necesarias para la búsqueda y contrastación de la verdad? Puede conseguir aceptabilidad, ciertamente, pero hacerlo en un escenario público donde se han deteriorado o neutralizado los mecanismos sociales e institucionales capaces de limitar y fiscalizar el ejercicio del poder.
El problema se profundiza cuando el discurso político circula con pretensión de verdad entre burocracias difíciles de escrutar, restricciones a quienes podrían controvertirlo y narrativas construidas para movilizar emociones. En esas condiciones, la sociedad puede llegar a aceptar como verdadero lo que el poder dice de sí mismo, sin que tal aceptación garantice la verdad de sus afirmaciones ni la transparencia de sus actuaciones. La capacidad de producir un discurso aceptable no puede sustituir la obligación de hacerlo contrastable.
Ante esto, el poder necesita límites.
En este breve escrito analizaré cómo la transparencia y la rendición pública de cuentas pueden verse alteradas por formas de opacidad que no consisten únicamente en ocultar información, sino también en producir discursivamente pretensiones de verdad y generar las condiciones para su aceptación sin someterlas a suficiente contrastación pública. La opacidad puede producirse, además, mediante la multiplicación de procedimientos que dificultan seguir la trayectoria de las decisiones, el silenciamiento o debilitamiento de quienes fiscalizan y la saturación del espacio público con narrativas que desvían la atención respecto de dónde, cómo y bajo qué intereses se ejerce el poder.
Frente a este problema, resulta sugerente revisar Deuteronomio 17:15-20, texto en el que la tradición deuteronómica parece haber comprendido algo que las democracias actuales olvidan con facilidad: el poder, también en el manejo de sus pretensiones de verdad, necesita límites, vigilancia y rendición de cuentas.
En este sentido, Yascha Mounk, en El pueblo contra la democracia, insiste en que “para salvar la democracia, necesitamos hacer a los ciudadanos más resistentes a las mentiras y al odio”[2].
Desde esta perspectiva, propongo discutir tres mecanismos que operan en el ejercicio del poder político y pueden favorecer la aceptabilidad de sus discursos sin garantizar su transparencia: la hiperburocratización, que debilita la trazabilidad del poder; la restricción del escrutinio, que reduce las posibilidades de control social; y la captura afectiva de la conversación pública, que debilita la vigilancia ciudadana al desplazar la deliberación hacia la movilización de emociones.
Los tres mecanismos pueden desembocar en un mismo punto: la opacidad del poder, entendida como una falla de la transparencia que no consiste únicamente en esconder la verdad, sino también en falsearla, elaborar discursivamente versiones de ella y difundirlas como verdaderas, procurando su aceptación pública sin someterlas a suficiente contrastación. Cuando disminuyen la visibilidad del ejercicio del poder, las posibilidades de escrutinio y la rendición de cuentas, sus límites se difuminan, aumenta la discrecionalidad y se generan condiciones más favorables para la corrupción.
Por eso, resulta clave releer el texto de Deuteronomio al abordar esta problemática, pues ofrece un criterio particularmente sugerente para pensar la relación entre poder, límites y opacidad. El texto lo expresa así: “ciertamente pondrás como rey sobre ti al que Jehová, tu Dios, escoja. A uno de tus hermanos pondrás sobre ti como rey; no podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no deberá tener muchos caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de adquirir caballos, pues Jehová os ha dicho: “No volváis nunca por este camino”. Tampoco deberá tener muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe; ni amontonará para sí demasiada plata ni oro. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta Ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, guardando todas las palabras de esta Ley y estos estatutos, y poniéndolos por obra. Así no se elevará su corazón sobre sus hermanos…”
Este texto servirá como criterio de análisis para los tres mecanismos señalados, a los que denomino “juegos” porque constituyen prácticas sociopolíticas dinámicas que pueden desenvolverse dentro de marcos formalmente legales e, incluso, ser promovidas desde el propio poder. Sin embargo, la legalidad no garantiza por sí misma legitimidad democrática ni transparencia. Cuando estas prácticas reducen los controles, debilitan el escrutinio público o amplían la discrecionalidad gubernamental, pueden favorecer la corrupción. Frente a ello, resulta pertinente la intuición deuteronómica: quien ejerce el poder no puede establecer sus propios límites.
- El juego burocrático: la opacidad por complejización
La burocracia no es mala en sí misma. Max Weber planteaba que los procedimientos, expedientes, competencias definidas y reglamentaciones pueden reducir la arbitrariedad y favorecer una administración racional del poder[3]. El problema comienza cuando la burocracia deja de producir trazabilidad y empieza a generar laberintos administrativos que dificultan identificar cómo, dónde y por quién se toman las decisiones.
D. Graeber y D. Wengrow advierten que, cuando la burocracia estatal se aleja del principio del cuidado, es como si uno de los sillares fundamentales de la vida social comenzara a corromperse mediante una confluencia de matemáticas y violencia[4]. Su observación permite advertir que la expansión del aparato burocrático no garantiza por sí misma mayor racionalidad, transparencia o control. Por el contrario, cuando el incremento de personal, procedimientos, recursos e instancias administrativas multiplica las intermediaciones y vuelve más difícil seguir la trayectoria de las decisiones, puede ampliar los márgenes de discrecionalidad, diluir responsabilidades y generar condiciones favorables para formas ilegítimas o ilegales de gestión pública.
Deuteronomio 17:15-20 ofrece un criterio de contraste frente a este problema. El ejercicio del poder debe encontrarse sometido a límites que no dependan de la voluntad de quien gobierna. El rey no aparece como fuente absoluta de la ley, sino bajo una norma pública que lo antecede y limita sus posibilidades de acumulación. Debe conservar y leer una copia de la Ley para que la expansión de sus capacidades militares, económicas y políticas queden sometidas a límites que impidan que el crecimiento de su aparato de gobierno dependa exclusivamente de su propia voluntad.
Entonces, no toda burocracia transparenta. Cuando la multiplicación de organismos, procedimientos, intermediarios y excepciones hace más difícil determinar quién decidió, quién autorizó, quién contrató y quién debe responder, la burocracia puede convertirse en una tecnología de opacidad. El problema no radica, por tanto, en la existencia de burocracia, sino en su capacidad de crecer y complejizarse sin que aumenten proporcionalmente los mecanismos que permiten hacerla visible, trazable y responsable ante la sociedad.
- El juego de la mordaza: la opacidad por debilitamiento de los vigilantes
El poder no solamente debe ser controlado por organismos como la Contraloría, la Fiscalía, la Asamblea o los tribunales. También debe ser vigilado desde fuera del Estado por actores como la prensa, las ONG, las organizaciones sociales, las universidades, las veedurías ciudadanas, los movimientos sociales y los organismos de derechos humanos, entre otros. Todos ellos configuran un ecosistema de rendición de cuentas. Por eso, una sociedad civil autónoma y una prensa libre forman parte de la infraestructura democrática de la transparencia, pues hacen posible que las actuaciones del poder sean observadas, cuestionadas y sometidas al escrutinio público.
En Ecuador, la Ley Orgánica de Transparencia Social de 2025[5], por ejemplo, incrementó los mecanismos de vigilancia estatal sobre las organizaciones sociales sin fines de lucro, incluyendo controles relacionados con sus recursos, donantes y beneficiarios. Human Rights Watch ha cuestionado algunos aspectos de este marco normativo, entre ellos las facultades estatales para disponer el cierre de organizaciones y el congelamiento de cuentas[6].
Igualmente, el informe semestral de 2026 de Fundamedios documenta restricciones al acceso a la información, amenazas, discursos estigmatizantes, censura y procesos judiciales contra actores de la comunicación, y atribuye 46 de las 100 agresiones registradas durante ese período a actores estatales[7].
Se produce, entonces, una inquietante asimetría. El Estado incrementa sus capacidades para exigir transparencia a la sociedad civil mientras puede reducir, simultáneamente, las posibilidades de que esa misma sociedad escrute al Estado. La mordaza aparece cuando el control deja de ser recíproco. Quienes deberían vigilar al poder terminan siendo, ellos mismos, objeto de una vigilancia capaz de limitar su autonomía y su capacidad de fiscalización. El resultado puede ser una nueva forma de opacidad, no necesariamente porque desaparezca la información, sino porque se debilitan los actores capaces de buscarla, contrastarla, interpretarla y hacerla públicamente visible.
Ante este problema, Deuteronomio 17:15-20 resulta particularmente sugerente porque no solo establece límites al poder, sino que la propia escritura parece asumir una función de vigilancia sobre quien lo ejerce. Al advertir que el rey no debe multiplicar caballos, mujeres, plata ni oro, los autores hacen visibles prácticas de acumulación que podrían permanecer normalizadas bajo la autoridad monárquica y las convierten en objeto de juicio público. En este sentido, y salvando las distancias históricas, la escritura deuteronómica cumple una función comparable a la que hoy desempeñan el periodismo, la crítica social o las veedurías ciudadanas: observar el poder, nombrar sus excesos y proporcionar criterios desde los cuales puedan ser cuestionados. La Ley limita al rey, pero quienes escriben el Deuteronomio contribuyen a mantener esos límites socialmente visibles. De este modo, la escritura puede convertirse en una práctica de vigilancia y resistencia frente a la pretensión del poder de determinar por sí mismo hasta dónde puede llegar.
Trasladado al escenario democrático contemporáneo, este principio permite comprender la importancia del escrutinio externo. Los límites al poder requieren instituciones y actores con suficiente autonomía para observarlo, interpelarlo y hacer visibles sus actuaciones. Si el gobernante pudiera determinar quién lo vigila, cuánto puede vigilarlo y bajo qué condiciones puede hacerlo, el límite terminaría dependiendo del mismo poder que pretende limitar. La transparencia exige, por tanto, no solo que el Estado vigile a la sociedad, sino que la sociedad conserve la capacidad efectiva de vigilar al Estado.
- El juego de las emociones: la opacidad por saturación
Si al hablar de opacidad hacemos referencia al ocultamiento o la distorsión de la verdad como condiciones que pueden favorecer prácticas de corrupción, debemos considerar también la paradoja de que la visibilidad no necesariamente produce transparencia. Un gobierno puede estar extraordinariamente visible mediante videos, cadenas, redes sociales, anuncios, operativos, imágenes espectaculares y confrontaciones públicas y, al mismo tiempo, resultar difícil de fiscalizar. La opacidad, por tanto, no solo puede producirse mediante el ocultamiento, sino también mediante la saturación.
En el actual ecosistema de redes sociales, la sobreabundancia de información puede dificultar su contrastación y favorecer una política orientada hacia la movilización de emociones y afectos. Chantal Mouffe asegura que la política, “para generar adhesión, necesita transmitir afectos que estén en sintonía con las preocupaciones y experiencias personales de la gente”[8]. El problema no radica en la presencia de los afectos, que son constitutivos de la política, sino en su instrumentalización para producir adhesión y desplazar el escrutinio. La saturación informativa puede convertirse así en un juego del poder. Una sucesión incesante de mensajes, imágenes y acontecimientos produce pretensiones de verdad cuya eficacia depende menos de su contrastación mediante datos y argumentos que de su capacidad para generar identificación, temor, indignación, esperanza o admiración. En este sentido, Mounk advierte que “en los últimos años, han sido los populistas quienes han sacado más eficaz partido a la nueva tecnología para minar los elementos básicos de la democracia”[9].
La espectacularización de la política encuentra una expresión particularmente significativa en los discursos de securitización difundidos en América Latina. Cuando determinados problemas son presentados bajo las categorías permanentes de amenaza, enemigo, emergencia o guerra, la urgencia puede desplazar la deliberación y la excepcionalidad puede reducir las exigencias de rendición de cuentas. La intensidad afectiva concentra entonces la atención pública en aquello que el poder hace visible mientras dificulta observar otros espacios de su actuación. La transparencia exige visibilidad, pero el espectáculo político puede hacer extremadamente visible al gobernante mientras vuelve menos visibles sus decisiones.
Esta sobreexposición puede producir, además, una creciente personalización del poder. La identificación afectiva con el gobernante puede debilitar la disposición ciudadana a cuestionarlo, mientras la admiración, el miedo o la polarización convierten la crítica en deslealtad y la discrepancia en enemistad. El riesgo aparece cuando la legitimidad deja de descansar suficientemente en la posibilidad de contrastar las pretensiones de verdad del poder y comienza a sostenerse en la adhesión afectiva a quien las enuncia. El gobernante no solo concentra entonces visibilidad, sino que también puede adquirir una autoridad simbólica que dificulta cuestionar sus palabras, decisiones y excesos.
Por eso, el cierre de Deuteronomio 17 resulta especialmente significativo. Después de limitar la acumulación militar, económica y político-dinástica del rey y de someterlo a una ley que lo antecede, el texto introduce un límite que alcanza la propia subjetividad del gobernante: “Así no se elevará su corazón sobre sus hermanos”. La advertencia deuteronómica permite comprender que la limitación del poder no concierne únicamente a aquello que el gobernante puede acumular o hacer, sino también a la posición que llega a ocupar frente a los demás. Cuando la espectacularización lo eleva simbólicamente por encima de sus conciudadanos, el escrutinio puede transformarse en adhesión, la crítica en enemistad y la rendición de cuentas en una cuestión secundaria.
Conclusión
La corrupción encuentra terreno fértil cuando el poder logra volverse opaco, complejizando sus decisiones, debilitando a quienes lo vigilan o saturando de emociones el espacio público. Frente a ello, la transparencia exige algo más que información. Requiere escrutinio, contrastación y límites efectivos. La intuición deuteronómica permanece vigente cuando advierte que ningún poder puede establecer sus propios límites ni elevarse sobre aquellos ante quienes debe responder.
[1] Habermas, Jürgen. 2003. La ética del discurso y la cuestión de la verdad. Barcelona: Paidós. P. 87.
[2] Mounk, Yascha. 2018. El pueblo contra la democracia. Barcelona: Paidós. P. 50
[3] Weber, Max. 2015. “Bureaucracy”. En Weber’s Rationalism and Modern Society: New Translations on Politics, Bureaucracy, and Social Stratification. Editado y traducido por Tony Waters and Dagmar Waters. Palgrave MacMillan. P. 73-128.
[4] Graeber, David y Wengrow, David. 2021. El Amanecer de todo. Una nueva historia de la humanidad. Barcelona: Ariel. P. 601.
[5] Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia Social. 2021. https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2026-01/GOBIERNO-REGLAMENTO_GENERAL_A_LA_LEY_ORGANICA_DE_TRANSPARENCIA_SOCIAL.pdf
[6] Human Rights Watch. 2025. “Ecuador: el gobierno congela cuentas bancarias de organizaciones”. https://www.hrw.org/es/news/2025/12/09/ecuador-el-gobierno-congela-cuentas-bancarias-de-organizaciones
[7] Fundamedios. 2026. “Agresiones contra la libertad de expresión”. https://fundamedios.org.ec/informe-semestral-2026/
[8] Mouffe, Chantal. 2023. El poder de los afectos en la política. Buenos Aires: Siglo XXI. P. 44.
[9] Mounk, Y. 2018. P. 155.
